
La Suprema Corte de Justicia de México aprobó este 5 de noviembre una reforma que permitirá a la ciudadanía elegir a sus jueces mediante votación popular. Este cambio representa un giro importante en el sistema judicial del país, que hasta ahora seleccionaba a los jueces a través de un proceso interno con designaciones propuestas por el poder ejecutivo y ratificadas por el Senado. A partir de esta reforma, los jueces y magistrados de primera instancia serán elegidos en elecciones abiertas, en una medida que busca fortalecer la democracia participativa en el ámbito judicial.
Esta reforma ha generado reacciones mixtas. Por un lado, sus defensores argumentan que la elección popular de jueces permitirá un mayor control ciudadano sobre el poder judicial y mejorará la representatividad de los magistrados. Sin embargo, críticos advierten que el nuevo sistema podría politizar a la judicatura, afectando su imparcialidad y sometiéndola a intereses partidistas. Además, alertan sobre el riesgo de que el poder judicial se vea influenciado por campañas electorales costosas y populares, lo que podría comprometer la calidad y profesionalismo de las decisiones judiciales.
El debate sobre esta reforma también gira en torno a la preparación de los candidatos. Hasta ahora, los jueces eran seleccionados entre perfiles altamente calificados y especializados en derecho, y algunos sectores temen que el proceso electoral abra la puerta a candidatos menos capacitados. En respuesta, la Suprema Corte ha propuesto implementar requisitos mínimos de formación y experiencia para los aspirantes, así como mecanismos de transparencia para garantizar que los candidatos cumplan con altos estándares.
La reforma será implementada gradualmente, comenzando en 2026, con el objetivo de dar tiempo para ajustar el marco legal y capacitar a las autoridades electorales en este nuevo proceso. Además, se están considerando campañas de educación cívica para que la ciudadanía conozca mejor el rol del poder judicial y pueda ejercer su voto de manera informada.
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