Bertha Alcalde asume la fiscalía con promesa de justicia imparcial

Bertha María Alcalde asumió el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México con el firme compromiso de garantizar un acceso a la justicia que no dependa del poder, dinero o influencias. En su discurso, destacó su dedicación a la defensa de los derechos humanos y la transparencia. Pese a la controversia por sus nexos con el gobierno y Morena, recibió un amplio apoyo en el Congreso, incluidas voces del PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, su llegada a la Fiscalía también suscitó dudas sobre posibles conflictos de interés debido a sus lazos políticos.

Alcalde expresó su intención de mantener la autonomía de la Fiscalía y fortalecer las políticas de acceso a la justicia. Aseguró que su labor estará centrada en la equidad, sin que ningún grupo o persona tenga privilegios por su poder económico o influencia política. Esta postura fue clave para su confirmación en el cargo, con el respaldo de diversos actores políticos y sociales que consideran necesario un cambio en la institución.

Uno de los puntos que más destacó en su presentación fue la importancia de la inclusión y la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente de los sectores más vulnerables. Su propuesta se enfoca en garantizar que la justicia sea accesible para todos, sin importar su estatus social, y en promover la confianza en las instituciones encargadas de impartirla.

A pesar de la expectativa generada por su nombramiento, el nombramiento de Alcalde fue ampliamente respaldado, lo que refleja un continuismo dentro de la administración de la Ciudad de México. Su relación cercana con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y otros personajes del oficialismo, plantean la posibilidad de que la Fiscalía continúe siendo un órgano alineado con los intereses del gobierno central, lo que ha generado críticas por la percepción de falta de independencia en el ejercicio del poder.

En resumen, la llegada de Bertha Alcalde a la Fiscalía de la Ciudad de México abre un nuevo capítulo en la impartición de justicia, con una propuesta que busca transformar la percepción ciudadana sobre las instituciones encargadas de la seguridad y el derecho.