La batalla judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos no girará únicamente alrededor de los cargos de narcotráfico que enfrenta, sino también sobre una pregunta excepcional: ¿puede continuar un proceso penal contra una persona capturada por fuerzas estadounidenses dentro de otro país?

Maduro fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense realizada el 3 de enero en Caracas.

Ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York y se declararon no culpables de los cargos presentados en su contra.

La defensa encabezada por Barry Pollack pretende cuestionar las circunstancias de la captura, además de argumentar que Maduro gozaba de inmunidad como jefe de Estado.

Sin embargo, la jurisprudencia estadounidense representa un obstáculo importante.

Durante más de un siglo, tribunales de ese país han sostenido en diferentes casos que la forma en que un acusado fue llevado ante la justicia no necesariamente elimina la facultad de procesarlo penalmente.

Uno de los precedentes llegó hasta la Suprema Corte estadounidense en 1992, en el caso de un médico mexicano trasladado por la fuerza a Estados Unidos para enfrentar acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

El máximo tribunal determinó que las circunstancias de su captura no impedían automáticamente el proceso.

La situación de Maduro añade otra dimensión: su defensa sostiene que al momento de la operación seguía siendo jefe de Estado venezolano y, por tanto, estaba protegido por inmunidad internacional.

Estados Unidos, en cambio, no lo reconocía como presidente legítimo desde 2019.

El juez Alvin Hellerstein deberá resolver estos argumentos antes del juicio programado para junio de 2027.

Más allá del destino judicial de Maduro, el proceso podría dejar una discusión de mayor alcance sobre los límites entre la jurisdicción penal estadounidense, la soberanía de otros Estados y las normas del derecho internacional.