
La detención de más de 100 policías ilustra los primeros días en el cargo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, que vincula su éxito al combate al crimen. El mandatario ha creado un grupo especial, la Fuerza Pakal, que ejecuta vistosos operativos cada semana Los grandes despliegues policiales y la aparente fluidez operativa de las fuerzas de seguridad protagonizan los últimos meses del año en México. Es la política de golpes de efecto del Gobierno federal, que dirige Claudia Sheinbaum, y también de algunos estatales, caso evidente de Chiapas. El nuevo gobernador, Eduardo Ramírez, de Morena, que este domingo cumple tres semanas en el cargo, ha creado un grupo policial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que cada día aparece en un municipio distinto, realizando cateos y detenciones, dando la sensación de que el nuevo Gobierno actúa por fin contra el crimen.
De momento es eso, una sensación. Cateos y detenciones son apenas el inicio de un largo camino que suele torcerse –el camino de la justicia– cuando llega a los juzgados. En México, los niveles de impunidad superan el 90% en la mayoría de delitos de alto impacto, cifra parecida a la de crímenes que ni siquiera se denuncian. La situación en Chiapas es crítica. La delincuencia en el Estado se ha expandido en los últimos años, enraizada en una amplia variedad de corruptelas. En algunas regiones, las batallas de los grupos criminales han sometido a la población a un estado de alarma permanente.
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