Más de mil aspirantes por 187 plazas de jueces en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México enfrenta un reto histórico con la implementación de la reforma judicial local, que busca seleccionar 187 jueces entre 1,179 candidatos. Este proceso, que culminará en 2024, es parte de una transformación más amplia del sistema judicial, diseñada para aumentar la transparencia y eficiencia del poder judicial en la capital.

La convocatoria ha atraído a aspirantes con experiencia diversa, desde abogados litigantes hasta servidores públicos, lo que garantiza una competencia robusta. El proceso incluye varias etapas, entre ellas la evaluación de conocimientos y habilidades, así como entrevistas a cargo de un comité especializado, con el objetivo de garantizar la selección de perfiles idóneos para el puesto.

No obstante, el proceso enfrenta importantes desafíos operativos y financieros. Según estimaciones preliminares, el costo del procedimiento podría superar los 100 millones de pesos, lo que ha provocado debates sobre la viabilidad presupuestal en un contexto de austeridad. Las autoridades han propuesto medidas para optimizar recursos, como la utilización de papel más económico y la infraestructura existente para llevar a cabo las evaluaciones. Sin embargo, estas medidas han suscitado críticas por parte de especialistas, quienes advierten sobre posibles riesgos a la calidad y transparencia del proceso.

En el ámbito político, esta reforma ha generado tensiones entre Morena y los partidos de oposición, quienes cuestionan la autonomía y equidad del proceso. A pesar de esto, el Gobierno capitalino ha reiterado su compromiso con la implementación efectiva de esta iniciativa, destacando su importancia para modernizar la impartición de justicia en la ciudad.

La elección de estos jueces representa un paso crucial hacia la consolidación de un sistema judicial más accesible y profesionalizado, que responda mejor a las demandas de los ciudadanos. A largo plazo, este esfuerzo busca reducir el rezago en la resolución de casos y fortalecer la confianza de la población en las instituciones judiciales de la capital.