
Los consulados refuerzan su asistencia legal y humana y en enero se pone en marcha un botón de alerta contra posibles detenciones arbitrarias No hay Navidad para la Secretaría de Exteriores mexicana, ni para los 53 consulados que el país tiene en Estados Unidos. El 20 de enero, fecha en que Donald Trump toma posesión como presidente, se espera en México un tsunami de efectos incontrolables ante la amenaza tantas veces proferida por el republicano de una “deportación masiva de migrantes” que podría alcanzar los 11 millones de personas. México lleva días preparándose para combatir en el terreno legal y humanitario un posible aluvión de paisanos obligados a retornar, pero también se mantiene en guardia por la posibilidad de que otras tantas personas de terceros países atraviesen por México para volver. Los municipios fronterizos están en alerta máxima, así como los albergues, las policías y las asociaciones de derechos humanos. A juzgar por los mecanismos que se están poniendo en marcha, el Gobierno mexicano da crédito a la amenaza de Trump.
El año electoral que acaba de pasar Estados Unidos no ha sido bueno para los migrantes, nunca lo son. Los millones de extranjeros que trabajan allí, pagan sus impuestos allí, pero lustros después aún no tienen documentos que les garanticen una estancia segura en aquel país, han tenido que soportar este año, además, un acalorado debate de campaña donde el entonces candidato Trump les acusó hasta de comerse las mascotas de sus vecinos. México es el país más afectado por las amenazas reales que se vienen haciendo, entre ellas la imposición de onerosos aranceles si no se controla, es decir, se frena, la migración, una cantinela ya sabida de anteriores ocasiones en la relación entre ambos países. A nadie le extraña que en los primeros días de mandato, el magnate estadounidense ponga en marcha las anunciadas deportaciones, como un gesto de palabra cumplida, aunque quizá se frenen antes de alcanzar la cifra de los 11 millones de extranjeros.
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