La bancada de Movimiento Ciudadano solicitó que el Senado de la República convoque a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para que explique el contenido y los fundamentos de la Recomendación 208/2026VG sobre el caso Ayotzinapa.

La propuesta fue presentada por el senador Clemente Castañeda y el diputado Pablo Vázquez Ahued durante los trabajos de la Comisión Permanente y fue turnada a la Primera Comisión para su análisis.

Los legisladores argumentan que la comparecencia es necesaria debido a la controversia que generó la recomendación, la cual concluye que no existió una responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

También señalaron que el documento no incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional entre las autoridades señaladas, pese a que la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones y procesos penales contra militares por su presunta participación en los hechos.

En su exposición de motivos, Movimiento Ciudadano cuestionó que la CNDH desacredite investigaciones elaboradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión para la Verdad y organizaciones civiles que han dado seguimiento al caso.

Los promoventes sostienen que diversos informes documentan labores de inteligencia y monitoreo militar antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes, además de posibles omisiones en la entrega de información relevante.

La iniciativa también hace referencia a documentos que señalan la existencia de un elemento infiltrado del Ejército dentro de la Normal Rural de Ayotzinapa, hecho que consideran relevante para el esclarecimiento de los acontecimientos.

Asimismo, recuerda que familiares de los 43 normalistas y organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su inconformidad con la recomendación al considerar que no contribuye al esclarecimiento del caso.

Por su parte, la CNDH ha sostenido que su recomendación no exonera a las Fuerzas Armadas y ha precisado que no cuenta con facultades para determinar responsabilidades penales o absolver a instituciones, atribuciones que corresponden a las autoridades competentes.

De aprobarse el exhorto, el Senado podría llamar a Rosario Piedra Ibarra para que explique públicamente los criterios utilizados en la elaboración de la recomendación y responda a los cuestionamientos planteados por legisladores y colectivos de víctimas.