México enfrenta un problema difícil de medir: niñas, niños y adolescentes incorporados a organizaciones criminales sin que exista todavía una estadística oficial capaz de dimensionar con precisión el fenómeno. Estimaciones citadas recientemente en la Cámara de Diputados ubican entre 145 mil y 250 mil menores en riesgo de ser reclutados, mientras que Reinserta ha calculado que más de 30 mil ya habrían sido incorporados a estructuras criminales. Las cifras no son equivalentes ni deben interpretarse como un registro oficial de víctimas, pero muestran la dimensión de una problemática que ocurre tanto en las calles como en internet. Los métodos incluyen falsas ofertas laborales, promesas de dinero y protección, contacto mediante amigos o familiares y acercamientos a través de redes sociales. Ante el fenómeno, la Cámara de Diputados aprobó recientemente una reforma para establecer penas de 10 a 20 años de prisión por reclutamiento, que podrían aumentar de 15 a 25 años cuando exista violencia, intimidación o amenazas. La minuta todavía debe continuar su proceso legislativo en el Senado. La reforma también plantea una distinción fundamental: cuando una niña, niño o adolescente es reclutado por una organización criminal, debe reconocerse primero su condición de víctima y proteger sus derechos. Navegación de entradas AuronPlay, Vegetta777 y la comunidad streamer despiden a “El Komanche”
