Un nuevo choque político se abre en Baja California. Diputados identificados con el grupo político de la gobernadora Marina del Pilar habrían rechazado recursos de Tijuana destinados al proyecto relacionado con Patrulla Espiritual, una iniciativa vinculada con tratamientos de rehabilitación para personas con problemas de consumo de sustancias. El señalamiento cobra relevancia porque el gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño había impulsado, mediante Fondos Tijuana, recursos para ampliar las posibilidades de atención a personas que necesitan rehabilitación. El programa “Rescate y Vida Nueva” contempló 7.2 millones de pesos para 300 tratamientos, con una duración inicial de tres meses. La intención anunciada por el municipio era facilitar el acceso a rehabilitación a personas en situación vulnerable. Pero ahora aparece una pregunta inevitable: ¿por qué legisladores vinculados con Marina del Pilar habrían decidido cerrarle el paso a esos recursos? Hasta el momento, la información compartida sobre el rechazo no identifica la resolución legislativa, la votación específica ni los argumentos individuales de los diputados señalados. Esos elementos serán indispensables para establecer exactamente qué se rechazó y cuáles fueron las razones. La discusión tampoco puede ignorar los cuestionamientos alrededor de Patrulla Espiritual. Sus métodos para trasladar personas a centros de rehabilitación han generado controversia, por lo que cualquier apoyo público debe estar acompañado de supervisión, transparencia y respeto a los derechos de los pacientes. Pero fiscalizar los recursos es una cosa y dejar sin alternativas a quienes necesitan tratamiento es otra. Si los legisladores consideran que el proyecto no cumple las condiciones necesarias, también corresponde explicar qué opción proponen en su lugar. La controversia enfrenta así dos posiciones: un gobierno municipal que impulsó recursos para tratamientos y un rechazo atribuido a legisladores identificados con el grupo político de Marina del Pilar. Si había irregularidades, que se investiguen. Pero si se frenaron recursos para rehabilitación, falta responder lo más importante: ¿qué pasará ahora con los pacientes?
